Ministerio de Educación

Por fin una ley sobre la calidad educativa

El martes 23 de mayo ocurrió un hecho trascendental, el Congreso de la República promulgó la Ley Nro. 28740, la misma que crea la entidad encargada de normar los procesos de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa, que en adelante se conocerá como SINEACE. Esta es una respuesta a la urgente necesidad de impulsar la mejora de la calidad educativa peruana, tal como lo reclaman la comunidad educativa, el empresariado, los colegios profesionales, los partidos políticos y, lo que es más importante, la sociedad peruana.

El contexto es el siguiente: A partir de 1993, el crecimiento de la oferta educativa tomó un ascensor hacia arriba mientras que la calidad se embarcó al sótano. En efecto, se crearon 22 universidades (4 públicas y 18 privadas), 204 Institutos Superiores Tecnológicos (44 públicos y 160 privados), 155 Institutos Pedagógicos (todos privados) y 6 162 colegios (3 062 públicos y 3 100 privados). El país no contó con tiempo ni recursos para afrontar este violento crecimiento. No contaba –y aún no cuenta- con suficientes instituciones de calidad formadoras de profesores, tampoco con profesores cualificados disponibles para atender la ampliación de la demanda. Ocurrió que el viento del mercado educativo (la sociedad quiere educarse) fue olfateado por numerosos promotores privados que se lanzaron frenéticamente a crear instituciones educativas de cualquier manera, en garajes, azoteas, hoteles y moteles quebrados, con una lógica deformada proveniente del ámbito comercial, que no corresponde al servicio educativo. En el caso de la oferta pública, la dinámica autónoma de los asentamientos humanos y áreas rurales creó escuelas precarias, desbordando las capacidades del Estado.

Las diferencias entre universidades, institutos, colegios y escuelas son ahora tan grandes que hablar de educación peruana es sólo una construcción verbal. En un extremo, pocas instituciones califican como competentes y de primer nivel; en el otro, muchas funcionan en precarias condiciones físicas y académicas. ¿Qué hacer entonces con esta oferta variopinta? ¿Cerramos las instituciones que no califican? Coincidirán conmigo en que esta medida extrema no tiene factibilidad política ni social. La solución a este problema es el SINEACE, que precisamente”...tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad”. Esta misión parece desmesurada, pero se han tomado precauciones: (1) El Estado, mediante esta norma, otorga al SINEACE independencia e imparcialidad en sus procesos de evaluación, acreditación y certificación. En efecto, el Consejo Superior del SINEACE, adscrito al Ministerio de Educación como organismo público descentralizado con autonomía normativa, administrativa, técnica y financiera, es dirigido por tres personas que eligen entre ellas a un presidente o presidenta; estas, a su vez, son elegidas por sendos colegiados que representan a la Educación Básica (IPEBA), la Educación Superior no Universitaria (CONEACES) y la Educación Universitaria (CONEAU). Los colegiados se constituyen, en minoría, con representantes del Ejecutivo y, en mayoría, con aquellos procedentes de instituciones educativas públicas y privadas, y gremios empresariales y profesionales. Esta composición asegura que las decisiones que se tomen alcancen el mayor consenso posible, neutralizando arbitrariedades y corruptelas tanto de origen estatal como privado. (2) Estos órganos definirán estándares e indicadores de medición de la calidad que facilitarán una dialéctica de diagnóstico y superación del nivel de calidad en cada una de las instituciones educativas del país y, lo que es más importante, serán comunicados a la ciudadanía.

El Sistema operará gradualmente y, estamos seguros, lo hará persuasivamente, asegurando de esta manera su legitimación en la sociedad. Es de esperar que las instituciones que deben acreditar representantes en el SINEACE lo hagan con sentido de responsabilidad, designando a personas con ejecutoria impecable, juicio propio y capacidades intelectuales pertinentes a los retos que asumirán. De nuestra parte, como ha sido nuestra conducta, abriremos al más amplio consenso la tarea de reglamentar la norma. Felicitaciones al Congreso de la República, especialmente a la Comisión de Educación.

Artículo de Opinión redactado por el Ministro de Educación, Arq. Javier Sota Nadal, publicado por el Diario el Comercio el 13 de junio de 2006.